Cuando se trata de buscar recaudación para las arcas estatales, hay que subir impuestos. Eso es algo que todos sabemos. Tras los últimos años, la lentitud a la hora de crear empleo y los gastos en los que concurre en forma de prestaciones el Ministerio de Hacienda y el de la Seguridad Social, se sabía que subirían ciertos productos.

La polémica no ha venido por la subida de tabaco o alcohol, algo que ya dejó claro el propio Montoro, sino por la de la montura de las gafas, que puede poner en jaque a muchas ópticas al tener que regularizar la situación de algunos mayoristas que han concurrido a irregularidades a la hora de declarar el pago del iva entre 2015 y 2016 en el concepto de montura, cuyo impuesto se agravó desde el 10% hasta el 21%.

Esto puede suponer hasta 100 millones de euros que hasta ahora no habían sido cobrados por la Administración y que vienen como consecuencia de la puesta en marcha de una sentencia europea de 2013 que establecía ese nuevo ratio.

El hacer efectiva esa cantidad puede poner en jaque a muchas óptica que, habiendo comprado las monturas a sus proveedores habituales con un gravamen del 10%, están recibiendo en la actualidad cartas solicitando el pago de la diferencia fiscal como consecuencia de una refacturación solicitada por el propio Ministerio de Hacienda. Sin embargo, desde el sector, se exige que no sean las ópticas sino los proveedores los que se hagan cargo de esta regularización ya que ellas no tienen culpa de la mala facturación.

En medio de esto puede encontrarse, mientras se define quién o quiénes deberán pagar la diferencia, el usuario, que vea cómo se encarecen considerablemente sus gafas siempre que no sean graduadas, puesto que automáticamente, al montarse con un cristal modificado, pasarían a cotizarse y gravarse con el 10% de gafa graduada.