Jue. Mar 28th, 2024

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) trasladó este lunes al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que, para que la factura electrónica sea considerada como un instrumento positivo para reducir la morosidad, es imprescindible diseñar de manera minuciosa su implantación y los sistemas de información, así como medidas de ayuda para lograr un funcionamiento sencillo en empresas y autónomos.

Así lo puso de relieve esta patronal durante una reunión de su Observatorio de Morosidad con responsables del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, durante la que la directora general de Política Económica del Ministerio, Elena Aparici, trasladó las líneas de desarrollo reglamentario del bloque relativo a la factura electrónica incluido en la Ley Crea y Crece, según informó Cepyme.

En el encuentro, los representantes empresariales manifestaron que existen «debilidades» que no soluciona por sí sola la próxima implantación de la factura electrónica, como el desigual poder de negociación de las empresas según su tamaño o la morosidad del sector público.

Asimismo, las organizaciones integradas en el Observatorio de Cepyme pudieron trasladar al ministerio preocupaciones en relación con la puesta en marcha de la factura electrónica, como las relativas a la protección de datos o el periodo de adaptación por el que tendrán que transitar las pymes, entre otras. Con todo, el presidente del Observatorio de la Morosidad de Cepyme, Luis Collado, celebró la «dedicación» y «disposición del» ministerio para desgranar los aspectos en que se pueda facilitar a las pymes la adaptación al pago electrónico.

Por otro lado, de cara a la revisión de la Directiva europea sobre morosidad, Cepyme reclamó que se agilice la tramitación de la nueva norma europea sobre morosidad, así como que se defina un plazo máximo de pago por parte de las empresas y las administraciones Públicas. No obstante, para esta patronal es esencial que se concreten cuestiones como el modo de contabilizar la morosidad y su plazo de inicio con el fin de homogeneizar los criterios y dar más certidumbre.

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«A pesar de que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio puede suponer un freno a las prioridades establecidas para la Presidencia española del Consejo Europeo, desde Cepyme se considera prioritario acelerar la tramitación e intentar que se culmine antes de las elecciones al Parlamento Europeo», añadió esta organización.

Finalmente, Cepyme defendió que es necesario zanjar la morosidad de las Administraciones Públicas y evitar que ayudas a sectores más necesitados, como las facilidades para la industria gas intensiva, se traduzcan de forma directa o indirecta en aumentos de la morosidad.