Dom. Abr 14th, 2024

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Las extracciones de agua destinada al riesgo ilegal ponen en riesgo las masas subterráneas de las que se nutren las lagunas superficiales en el Espacio Natural de Doñana (Cádiz, Huelva y Sevilla), integrado por un parque nacional y un parque natural en esa zona de Andalucía, por lo que resulta inconstitucional legalizarlas.

El Defensor del Pueblo hace esa consideración en su último informe anual, presentado este lunes por el titular de esta institución, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

El informe subraya que la gestión del agua y su relación con los espacios naturales es «motivo frecuente de quejas y actuaciones del Defensor del Pueblo.

En el verano y otoño de 2021 hubo extracciones de aguas destinadas al riego ilegal, así como el abastecimiento de Matalascañas (Huelva). La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informó el año pasado de nuevas concesiones de agua, sanciones impuestas y pozos ilegales cerrados.

«El Defensor del Pueblo considera que reconocer nuevos usos del agua, incluidos la legalización de regadíos irregulares, ignorando la situación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua subterránea y el ciclo hidrológico, no resulta congruente con el mandato constitucional de usar los recursos naturales de manera racional», apostilla.

Además, la institución dirigida por Gabilondo desea que el Marco de Actuaciones para Doñana, anunciado a finales del año pasado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pueda llevarse a cabo «con la máxima celeridad».

CONTAMINACIÓN

Por otro lado, el Defensor del Pueblo menciona varios casos de contaminación atmosférica y sus repercusiones sobre la salud. Así, recomienda que mejore la situación en el oeste de Gijón (Asturias) por los altos niveles de partículas en suspensión y lamenta el «escaso control» de la contaminación que procede del polígono petroquímico de Almassora (Castellón).

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Además, aconseja a la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que habilite medios personales y materiales adicionales para reducir el ruido en las carreteras estatales en Asturias, Cantabria y Comunidad de Madrid, así como las provincias de Cáceres, Castellón, Málaga y Tarragona.