– Por el acuerdo con siete autonomías y varios ayuntamientos

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, presidió este miércoles la firma de acuerdos con Canarias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra y varios ayuntamientos para construir y rehabilitar 1640 viviendas para las que el Ministerio aportará 47,8 millones de euros.

Según el Ministerio, con estos acuerdos se impulsa la construcción de más de 688 viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes en varios municipios de Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Navarra, y la rehabilitación a nivel barrio para regenerar hasta 952 viviendas en diferentes municipios canarios, madrileños y murcianos.

Estas subvenciones, según Sánchez, «podrán llegar hasta 21.400 euros por vivienda y ser del 100%» en el caso de propietarios o usufructuarios en situación de vulnerabilidad.

Durante su intervención, Raquel Sánchez subrayó la «importancia de ampliar el parque de vivienda pública y mejorar habitabilidad y sostenibilidad del ya existente para contribuir así a garantizar el derecho constitucional a la vivienda».

«Durante demasiado tiempo se ha mirado hacia otro lado. Se ha evitado enfocar la vivienda bajo el prisma de los derechos humanos. Y eso ha provocado que el concepto de vivienda como derecho fuera sustituido por el de vivienda como bien especulativo», añadió.

En este sentido, apuntó la «necesidad» de tener una Ley de Vivienda llamada a «ayudar a consagrar el derecho a la vivienda, proteger la vivienda pública existente, aumentar la oferta de pisos en alquiler a precios reducidos y controlar las rentas en las zonas más tensionadas».

Según Sánchez, «la ausencia de una política de Vivienda digna nos ha conducido hasta aquí y ha propiciado buena parte de los efectos que ahora sufrimos. Hablo de subidas abusivas de precios, de tensiones en determinadas zonas de las grandes ciudades y de una intensa especulación que ha expulsado del mercado a las clases menos pudientes».

Para poner coto a esta situación, el Gobierno ha establecido como punto de partida en su plan de acción que el acceso a la vivienda no esté supeditado a los ingresos de las familias ni reste recursos de manera desproporcionada. «Nuestro empeño ha sido asegurar la función social de la vivienda, o lo que es lo mismo, configurarla como un servicio público de interés general», indicó.

VIVIENDAS

En el desglose de las viviendas por territorio, Transportes y la Junta de Castilla y León firmaron acuerdos para financiar la construcción de 327 viviendas de protección pública en alquiler social o a precio asequible en edificios energéticamente eficientes. El Ministerio aportará algo más de 14 millones euros con cargo a los fondos del Plan de Recuperación. Estas viviendas se ubicarán en Salamanca, Valladolid y Miranda de Ebro, se desarrollarán en régimen de promoción pública y suman una inversión total estimada de 38,4 millones de euros.

Por otra parte, con Extremadura, se firmó un acuerdo para financiar con 6,5 millones la promoción de 131 viviendas públicas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes. Este convenio recoge tres actuaciones que desarrollará la Junta de Extremadura a través de la concesión de derechos de superficie, mediante licitación pública en la que se adjudicará la promoción, construcción y posterior gestión de las viviendas, de las que 45 estarán ubicadas en Mérida (Badajoz), 70 en Cáceres y 16 en Montijo (Badajoz). La inversión total estimada en estas promociones es de 16,4 millones de euros.

En tercer lugar, el Ministerio suscribió un acuerdo con La Rioja para la promoción de 72 viviendas de protección pública en alquiler social, con una aportación de 3,4 millones de euros. El texto firmado por las partes contempla ayudas para la promoción de viviendas en Alfaro, Calahorra y Torrecilla de los Cameros, con 40, 8 y 24 viviendas respectivamente. Las promociones serán ejecutadas directamente por la propia comunidad en suelos propios o cedidos en convenio por los ayuntamientos. La inversión total alcanzará los 11,4 millones de euros.

Asimismo, Transportes financiará con 6,3 millones de euros la construcción de 158 viviendas de protección pública para alquiler social en Navarra. 47 de estas viviendas se encontrarán en Pamplona, 58 en Barañáin, 21 en Alsasua, 20 en Zangoza, ocho en Bera y cuatro viviendas en Garralda. La inversión total estimada en estas promociones es de 36,3 millones de euros.

Por otro lado, también se suscribieron acuerdos para acometer actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio en localidades de la Canarias, la Comunidad de Madrid y de la Región de Murcia en los que el Ministerio invertirá más de 17,6 millones de euros.

El primero de estos acuerdos por Transportes con el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de la Vivienda para la recuperación de cinco entornos residenciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde (Gran Canaria) y Adeje, el Rosario y Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Este acuerdo permitirá la rehabilitación de entornos residenciales que afectarán a unas 380 viviendas y que tienen prevista una inversión total de 16,3 millones de euros, de los que 8,13 millones euros serán aportados por el Gobierno.

En Madrid, el Ministerio, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos de Las Rozas y San Lorenzo del Escorial también acordaron actuaciones para la rehabilitación de tres entornos residenciales de rehabilitación programada y que afectarán a 445 viviendas. El importe asciende a más de 13,4 millones de euros, de los que Transportes aporta 8,3 millones.

Asimismo, la ministra firmó seis acuerdos con la Región de Murcia y los ayuntamientos de Alhama de Murcia, Blanca, Bullas, Calasparra, Cehegín y San Javier para impulsar la rehabilitación de entornos residenciales que afectarán 127 viviendas, todas ellas de titularidad privada. Las actuaciones suponen una inversión de 2,14 millones de euros, de los que Transportes aportará 1,25 millones.

Para estas actuaciones, Murcia concederá de forma directa las subvenciones a los ayuntamientos murcianos, de forma que las ayudas para la rehabilitación de edificios serán publicadas y concedidas por estos a los propietarios de las viviendas mediante convocatoria pública en concurrencia simple.