Jue. May 26th, 2022

– En el Consejo Asesor de Medio Ambiente, presidido por Ribera

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

Representantes del Gobierno y expertos de diversos sectores (ecologistas, sindicatos, empresarios, consumidores, agricultores, ganaderos y pescadores) compartieron este miércoles los trabajos en marcha en materia de calidad del aire, planificación hidrológica, digitalización del ciclo del agua y lucha contra la deforestación y desertificación en España.

Así transcurrió en una reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Entre otros asuntos, el CAMA abordó el proyecto de real decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que establecerá los requisitos mínimos que deben cumplir estos espacios. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible para introducir medidas de mitigación y reducir las emisiones de la movilidad, incluyendo, entre otras, el establecimiento de estas zonas.

Ribera trasladó al CAMA que la correcta implantación de estos espacios permitirá mejorar la calidad del aire, del medio ambiente sonoro y la salud de los ciudadanos, y contribuirá a la mitigación del cambio climático, según informó Transición Ecológica.

Ribera también informó de las líneas de trabajo del proyecto de modificación del real decreto relativo a la mejora de la calidad del aire y el reglamento de emisiones industriales. La norma será próximamente remitida al Consejo de Estado para su posterior aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

En materia de calidad del aire, esta modificación pretende recoger en la mencionada normativa lo dispuesto en el plan marco de acción a corto plazo en caso de episodios de contaminación por partículas inferiores a 10 micras (PM10) y 2,5 micras (PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y dióxido de azufre (SO2.

La modificación del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la ley de prevención y control integrados de la contaminación pretende favorecer una mayor difusión de las autorizaciones ambientales integradas y reducir su plazo de revisión.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Por otro lado, Ribera insistió en la necesidad de poner en marcha los planes hidrológicos de tercer ciclo, una herramienta clave para abordar la gestión del agua en los próximos seis años. Estos planes permitirán priorizar los usos del agua, gestionar las grandes avenidas y sequías, y definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas.

Los planes han llegado al Ministerio con el informe de los Consejos del Agua de las demarcaciones para continuar su tramitación en sede ministerial. Junto a ellos, se informó en la reunión del CAMA de los avances en la actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.

En la reunión se informó también sobre la situación del proyecto de real decreto por el que se establece el régimen de instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico, una medida urgente incluida en el plan nacional de respuestas a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.

DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y LOS SUELOS

Por otro lado, el CAMA fue informado sobre el proyecto de Estrategia de Lucha contra la desertificación en España, documento que fue lanzado este martes a información pública y que intenta atajar uno de los problemas más acuciantes en la España mediterránea porque provoca degradación de las tierras e impactos negativos en la biodiversidad y la productividad de los suelos, así como en la provisión de los demás servicios ecosistémicos.

Asimismo, también se abordó el estado de las negociaciones de la propuesta de la Comisión Europea sobre un reglamento de lucha contra la deforestación importada, que busca frenar el efecto que produce la deforestación mundial sobre ciertos productos comercializados por la UE.