– El nuevo miembro del TC tendrá que ser acordado por PP y PSOE o quedará vacante
MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Senado tendrá que elegir al sustituto del magistrado Alfredo Montoya Melgar en el Tribunal Constitucional (TC) después de que haya presentado su renuncia por motivos de salud. Este catedrático de Derecho del Trabajo llevaba varios meses de baja y su situación no le va a permitir reincorporarse a su puesto. La ausencia de Montoya supone una baja en el bloque conservador del tribunal de garantías.
El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, ya ha puesto en conocimiento del presidente del Senado, Ander Gil, esta vacante que deberá ser cubierta puesto que pertenecía al turno propuesto por la Cámara Alta.
El Reglamento del Senado establece la elección por la Cámara Alta de cuatro magistrados como miembros del TC, cuyo nombramiento ha de proponerse al Rey, según lo previsto en el artículo 159 de la Constitución. Su sustituto deberá ser elegido por tres quintos de la Cámara Alta, lo que significa que será necesario el acuerdo entre el PSOE y el PP.
Durante las negociaciones entre ambos partidos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había un pacto tácito para respetar el signo de los vocales que por razones distintas a la finalización de su mandato tuvieran que dejar el puesto, lo que significaría que se nombraría a un miembro del gusto del PP, pero estas negociaciones están ahora rotas.
Si no hay acuerdo para el nombramiento del sustituto de Montoya, la plaza quedará vacante y el PP se quedará con cuatro magistrados de los 12 que integran el TC, teniendo en cuenta que está pendiente la renovación de cuatro magistrados, lo que dará la vuelta a la relación de fuerzas.
RENOVACIÓN PENDIENTE
El Grupo Socialista registró el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que pretende desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC). La reforma permitiría nombrar a los nuevos magistrados pese a que el CGPJ esté en funciones y soslaya la necesidad de alcanzar un pacto con el Partido Popular para renovar el máximo órgano de los jueces, cuyo mandato está caducado desde hace más de tres años.
Moncloa ya manejaba la idea de renovar estos magistrados independientemente de que se alcanzara el acuerdo para la renovación del Consejo, pero esa posibilidad planteaba incógnitas jurídicas, que con esta reforma legislativa se pretenden despejar.
Esta renovación de los cuatro puesto pendientes invertiría la relación de fuerzas dentro del TC, que pasaría a tener siete miembros progresistas, frente a cinco conservadores, lo que provocaría un relevo en la presidencia a favor de esta nueva mayoría. Esta nueva composición del tribunal de garantías tendría, sin duda, repercusión sobre las decisiones del TC acerca de las leyes recurridas por Vox y por el PP tales como el aborto, la eutanasia o la llamada ‘ley Celáa’.