– Las principales reducciones se han producido en Galicia, Ceuta y Castilla y León

– Según un informe del Observatorio de Sostenibilidad

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

Las comunidades autónomas que más gases de efecto invernadero han emitido desde 1990 son Andalucía (15% del total) y Cataluña (14%), y las que menos, La Rioja y Navarra (1% en ambos casos).

Así se recoge en el informe ‘Emisiones de CO2 por comunidades autónomas 1990-2022: por una economía baja en carbono’, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad (OS) y difundido este miércoles, cuando queda poco más de un mes para que comience la Cumbre del Clima en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), conocida como COP28.

Los datos hasta 2021 proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los de 2022, del mercado de emisiones de la Comisión Europea.

El informe indica que las emisiones absolutas más altas en los 33 años analizados corresponden a Andalucía (15%); Cataluña (14%); Castilla y León (9%), y Asturias, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana (8%). Por el contrario, Cantabria y Extremadura (2%), y La Rioja y Navarra (1%) cierran la tabla.

Por otro lado, las únicas regiones o ciudades autónomas que han reducido sus emisiones de CO2 desde 1990 son Galicia (-153%), Ceuta (-79%), Castilla y León (-78%), Asturias (-43%), Aragón (-32%), Castilla-La Mancha (-14%), País Vasco (-8%) y Cataluña (-4%). En cambio, han aumentado sobre todo en Extremadura (66%), Murcia (41%), La Rioja (40%) y Canarias (33%).

Los mayores emisores per cápita en 2021 fueron Asturias (18,1 toneladas de CO2 equivalente por persona), Cantabria (8,7), Navarra (7,4), Aragón (7,2) y País Vasco (6,7). Y los que menos, la Comunidad de Madrid (3,3), Galicia (3,5), Melilla (4,1) y Andalucía (4,2).

PICO DE EMISIONES

Por otro lado, el informe indica que España alcanzó su pico de emisiones de gases de efecto invernadero en 2007, cuando emitió 354 millones de toneladas de CO2 equivalente. Llegó primero en Melilla (1994, aunque luego repuntaron hasta llegar al máximo en 2017), Ceuta (1996) y Galicia y Navarra (2004). Las que lo hicieron más tarde resultaron ser Baleares y Murcia (2008).

Según el OS, las comunidades autónomas tienen una «importante responsabilidad» en las emisiones de su territorio para desarrollar sus planes y políticas de reducción, desplegar energías renovables, incentivar el autoconsumo, aumentar las exigencias a empresas en contratos públicos, etcétera.

«Es cada vez más necesario considerar que cada tonelada de CO2 cuenta y que, aunque el pico en las emisiones ya se ha producido en España y en todas las autonomías, es necesario hacer un esfuerzo en todos y cada uno de los territorios para descarbonizar todos los sectores, así como en las propias administraciones, en lo que queda de esta década clave hasta 2030», resume Fernando Prieto, del OS.

Carlos Alfonso, también del OS, señala «la importancia de que todas las comunidades autónomas tengan una ley de cambio climático comparable y exigente», y considera «imprescindible» un seguimiento «detallado» de la descarbonización de cada una de ellas y de cada sector económico «con objetivos vinculantes».

El informe incluye como recomendaciones establecer «responsabilidades diferenciadas» entre las comunidades autónomas en función de sus emisiones de CO2, más rendición de cuentas y coherencia en las políticas, evitar las subvenciones a los combustibles fósiles, apostar por las energías renovables y el autoconsumo, y que las autonomías pongan en marcha una agenda propia hacia la descarbonización.