Así lo precisó Garzón en rueda de prensa tras su participación en la inauguración de la ‘Jornada Jóvenes y Juegos de Azar’ que tuvo lugar en el Palacio de la Merced de Córdoba y en la que puntualizó que, “entre otras cosas”, el decreto va a prohibir la utilización de las tarjetas de crédito en el juego ‘online’.

A este respecto, se mostró convencido de que se trata de “otro mecanismo que hace que el que está jugando de manera compulsiva tenga a disposición la facilidad de endeudamiento”, lo cual, a su juicio, “agrava enormemente la propia dinámica”.

En paralelo, pidió a las comunidades autónomas “mayor ambición, mayor audacia para seguir protegiendo a las personas más vulnerables», en referencia a familias trabajadoras y jóvenes, frente a la proliferación de casas de apuestas y, “ante la evidencia científica”, volvió a reclamarles que “eleven los requisitos” para que estos salones de juego y casas de apuestas no se sitúen «en entornos como centros escolares, centros de salud o lugares de socialización de las personas más jóvenes”.

Por lo que respecta a Andalucía, calificó de “pírrica” la distancia de 150 metros establecida en comparación con otras comunidades autónomas, que exigen un mínimo de 500 metros “o que en su normativa están pensando incluso poner más distancia”. “Creo que, a la luz de la evidencia empírica, queda claro que no hablamos de una cuestión accesoria, sino que hablamos de la salud y de la educación de las personas más vulnerables”, agregó.

REFLEXIÓN

En este punto, llamó a la “reflexión” después de que un estudio reciente haya aportado “la primera evidencia científica” de que el rendimiento académico de los menores de edad “se ve reducido claramente y disminuye por la cercanía de las casas de apuestas y salones de juego”.

Algo que, según dijo, “ocurre especialmente entre los niños de familias trabajadoras que se sitúan en esos barrios donde han proliferado más los salones de juego y las casas de apuestas, en los colegios públicos de zonas desfavorecidas, de barrios trabajadores y de menor renta per cápita”.

Según esa “evidencia”, el “crecimiento extraordinario” de los salones de juego y del número de casas de apuestas “no es inocuo, no es meramente azaroso”, dado que, según el ministro, se ubican, “en particular, en las zonas de barrios de clase trabajadora, donde hay mayor nivel de desempleo y menor renta per cápita y buscan aprovechar la situación de vulnerabilidad económica de las familias trabajadoras y, muy particularmente, de las personas más jóvenes y por lo tanto, también más vulnerables”, por lo que llamó a la administración pública a ”tomarse mucho más en serio esta cuestión y, desde luego, actuar en consecuencia”.

Garzón aseveró, además, que el “problema” que se puede derivar de la utilización “compulsiva” de los juegos de azar “tiene mucho que ver también con la educación y la pedagogía en general”. “Nosotros estamos haciendo esfuerzos para que la comunidad educativa disponga de todas las herramientas suficientes para explicarle a la gente cuáles son los riesgos que conlleva esta actividad, aunque sea legal”, apostilló.

En relación a la “alarma social” generada en torno a los salones de juego y casas de apuestas, defendió que “no es una alarma social sin sustancia, sino que obedece a una problemática que está arrasando miles de familias en nuestro país con diferentes modalidades, trastornos del juego de diferente naturaleza e incluso, en casos extremos, problemáticas de ludopatía”.

PUBLICIDAD

Garzón reiteró que este tipo de publicidad, que tildó de “constante y era abrumadora” hasta hace poco, está prohibida desde el 1 de septiembre, con la entrada en vigor de forma completa del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que, a su entender, ha acabado con la “avalancha” de anuncios que pudo verse durante la Eurocopa y que “representa muy bien esos más de 400 millones de euros que se dedicaban cada año a la publicidad de apuestas deportivas y apuestas en general”, por lo que, pese a haber “suprimido” el “vector” de la publicidad como vía de acceso al juego, urgió a “no bajar la guardia”, dado que “el problema no se ha agotado” con el real decreto.

Preguntado sobre el impacto real de la reducción de esa publicidad en los jóvenes, reconoció que su gabinete aún no dispone de información en relación a sus “efectos” en ese sentido, si bien insistió en que la aplicación de la medida durante el confinamiento “contribuyó a que no existiera esa avalancha de información que ante la gente vulnerable es especialmente dañina”. “El mensaje de ‘apuesta y resolverás tus problemas económicos’ es un mensaje que al que es millonario no le afecta tanto, pero al que está en desempleo, tiene un sueldo precario, no llega a fin de mes y se encuentra en dificultades, puede que le haga más efecto”, denunció, incidiendo en que “no por casualidad esas grandes empresas ponen los salones de juego en los barrios populares”.

Finalmente, en relación a las cajas botín de los videojuegos, que definió como “una especie de tragaperras para mejorar determinados componentes del videojuego”, afirmó que existe “una laguna” que el Gobierno “tiene que resolver” y avanzó que su nueva regulación “ya está en proceso de elaboración”. “Está en consulta pública y esperemos que pueda servir para que estos mecanismos de tragaperras dentro de los videojuegos no existan”, resolvió.

Servimedia