Lun. May 29th, 2023

-La revisión anual del alquiler se limitará en el 2% este año y en el 3% en 2024 y se regulan los contratos de pequeños propietarios en zonas tensionadas

-Bildu anticipa recursos de inconstitucionalidad contra la ley, pero cree que es «bastante difícil» que prosperen

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La Ley de Vivienda hará permanentes los topes a las subidas anuales del alquiler de todos los contratos y regulará las condiciones del conjunto de los alquileres en zonas tensionadas, incluyendo aquellos arrendados por pequeños propietarios, que habían quedado inicialmente fuera de control.

Así lo anunciaron la diputada de ERC Pilar Vallugera y el portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, en una rueda de prensa en la que dieron cuenta del acuerdo con el Gobierno para desbloquear una ley que llevaba 13 meses atascada en el trámite parlamentario.

Los diputados creen que los partidos que están «en mítines» afirmando que la ley verá la luz antes de que acabe la legislatura y que están «presentes en la mesa del Congreso», en referencia al PSOE y Unidas Podemos, lo que «tienen que hacer es impulsarla». «Desde los ministerios de Transportes y Derechos Sociales hay voluntad y determinación para que esta ley vea la luz y creemos que en esta legislatura se puede ver», agregaron.

Una de las principales novedades es el nuevo tope permanente que limitará el incremento anual que un propietario puede repercutirle al inquilino en el momento de la revisión del contrato. Así, ahora se aplicará hasta final de año el límite del 2% en vigor, que fue aprobado el pasado diciembre como parte del paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante «se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC». Este nuevo índice será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según indicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Por otro lado, la ley incluye condiciones para regular los contratos de alquiler en zonas tensionadas que van más allá de la intención inicial del Ejecutivo. Así, los contratos de pequeños propietarios en zonas tensionadas, que en el texto inicial no estaban sujetos a ningún tipo de límite y a los que solo se ofrecían beneficios fiscales, estarán ahora obligados a referenciarse al contrato anterior. «Si se rompe el contrato anterior y se hace uno nuevo, se tiene que hacer con referencia el anterior», explicó Matute.

No obstante, los propietarios tendrán la posibilidad de incrementar hasta un 10% la renta en caso de que realicen una reforma cuya cuantía equivalga a un porcentaje superior al 10% del valor de compraventa de la vivienda. Según Matute, con esta medida evitarán la «picaresca» de algunos propietarios que «a través de pequeñas reformas argumentaban un aumento del alquiler que no se correspondía con el gasto del propietario en el inmueble para mejorar el piso».

Además, si la vivienda no ha estado alquilada en los últimos cinco años, el precio del contrato de alquiler se establecerá en función del índice de referencia. «Se faculta a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que les impongan las mismas exigencias que se les imponen a los grandes tenedores», explicó el portavoz de EH Bildu. Este índice de referencia al que se tendrán que someter los grandes tenedores y los nuevos contratos de pequeños propietarios se elaborará en los próximos meses y, según contó Servimedia, podría estar listo en seis o siete meses, frente al máximo de 18 meses que se dio el Gobierno para confeccionarlo en un principio.

ZONA TENSIONADA

Estos índices se utilizarán cuando la comunidad autónoma declare una zona como tensionada. Los diputados explicaron que otro de los grandes cambios es que esta declaración será ahora más factible que en el texto inicial, ya que fijará dos condiciones disyuntivas, es decir, que tendrán que cumplirse solo una de ellas para posibilitar la declaración.

Así, una comunidad autónoma podrá declarar una zona tensionada cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. En cuanto al tamaño de la zona tensionada, explicaron que puede ser más amplio que el distrito censal.

No obstante, la declaración de zona tensionada no será obligatoria y dependerá de los gobiernos autonómicos. Así, Matute apuntó que «si una comunidad autónoma decide no llevar a cabo la declaración de zona tensionada, si fuera un ciudadano de Madrid o Andalucía me preocuparía por los gobernantes que tengo».

En cuanto a la duración temporal de la zona tensionada, esta se mantendrá en tres años y se podrá prorrogar «cuanto tiempo sea necesario» por períodos de la misma duración y eliminar si se consiguen revertir las condiciones que permiten su declaración.

Otra de las principales novedades es la nueva definición de grandes tenedores, que se puede rebajar de 10 a cinco inmuebles. Las comunidades autónomas podrán, «en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición» a ese nuevo límite.

GASTOS Y HONORARIOS

Por otro lado, otra novedad principal será que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble «correrán siempre a cargo del propietario», lo que, indicó la diputada de ERC terminará con estos «gastos abusivos» «El servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere», agregó.

Además, se prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos «a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente», lo que evitará «una posible vía para el fraude de ley» y se eliminarán «las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes».

Según Vallugera, «desde una posición preponderante del propietario sobre el inquilino que suele darse de manera habitual, el inquilino podría verse forzado a renunciar por contrato a las medidas y derechos que contiene la ley para conseguir el contrato».

DESAHUCIOS

Respecto a los desahucios, se prohibirán aquellos «sin fecha y hora predeterminada», lo que la diputada de ERC subrayó como un «demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos».

También se incluirán nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos «más de dos años», y se estipulará «el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables». Además, las autonomías podrán articular «mecanismos propios» de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos.

La norma también reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que tenga como objetivo ofrecer alternativa habitacional a estas personas y familias.

SEGURIDAD JURÍDICA

Por último, los diputados aseguraron que el texto «respetará» las competencias autonómicas y locales, ofreciendo un «marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan desplegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias».

Además, Matute anticipó que «previsiblemente» existirán recursos de inconstitucionalidad por parte de otros grupos parlamentarios, pero subrayó que su «sensación» es que el trabajo de los socios de Gobierno ha conseguido poner «bastante difícil» el éxito de estos recursos.