MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Plena inclusión España participó este miércoles en el encuentro ‘Estrategia estatal de desinstitucionalización: por una buena vida en la comunidad’, en el que se reflexionó sobre el futuro de las políticas sociales referidas a los cuidados de larga duración.
Según la entidad, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, subrayó durante dicho acto «la importancia del trabajo de organizaciones como Plena inclusión en el camino hacia una nueva política de los cuidados».
En él participaron Carmen Laucirica y Maribel Cáceres, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de este movimiento asociativo que agrupa a 950 asociaciones y apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Desde Plena inclusión se demanda «una reforma profunda del sistema, ya que se precisa avanzar en nuevos marcos legales, flexibilización de normativas, intensidad suficiente de los apoyos y de acceso especializados que requiere una nueva política de cuidados para las personas y sus familias».
Por ello, Carmen Laucirica recordó que Plena inclusión «contribuye activamente a generar nuevas oportunidades e itinerario de apoyos para vivir en comunidad» y cree que es necesaria una estrategia concertada por administraciones local, autonómica y estatal que promueva una coordinación entre todas las administraciones.
El objetivo, según la entidad, es promover «que la ciudadanía sea quien concite la organización del futuro sistema, frente al actual modelo donde las personas se ajustan a un modelo rígido, limitado y que no promueve la inclusión».
66 VIVIENDAS
‘Mi Casa: una vida en comunidad’ es un proyecto que tiene una duración de tres años (2022-2024), desarrollado por Plena inclusión para explorar nuevas vías para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y más necesidades de apoyo «puedan vivir y estar incluidas en sus pueblos y barrios, siempre con el apoyo necesario».
Gracias a esta iniciativa, financiada con fondos europeos de Recuperación y promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, se abrirán 66 viviendas en 33 municipios de 7 comunidades autónomas. En ellas van a vivir 284 personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral.
«Entendemos que esta estrategia estatal puede servir de catalizador para promover la capacidad de decisión desde los derechos, así como la singular forma de ser de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo», concluyó Laucirica.