Jue. Mar 28th, 2024

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) exigió este viernes a la Administración que se atenga a la jurisprudencia y que la audiencia de los medios sea el criterio básico en el reparto de la publicidad institucional.

De esta forma, contesta a la carta que le han remitido CTXT, ‘Infolibre’, ‘El Salto’, ‘La Marea’ y ‘Carne Cruda’, en la que los cinco medios firmantes consideran que la FAPE «debería reclamar públicamente un reparto justo de los impuestos que pagan los y las madrileñas, así como el respeto a los más elementales preceptos de la libertad de prensa y la pluralidad de opinión».

Por esto la Federación insta a «las administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales que, para el reparto de la publicidad institucional, se atenga a la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación (prensa, televisión, radio e internet) es la audiencia medida de forma objetiva por las empresas especializadas en medición de audiencias, ponderada con las tarifas ofertadas».

También demanda a las empresas periodísticas que «exista una clara diferenciación entre lo que es información elaborada por los profesionales de la redacción, de otros contenidos netamente políticos que se presentan como información cuando realmente es propaganda institucional. Los usuarios han de ser capaces de reconocer visualmente aquellos contenidos que están consumiendo para preservar la credibilidad de las informaciones».

La carta de los citados medios denuncia cómo «el gobierno local de José Luis Martínez Almeida y el autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso han favorecido económicamente a medios de comunicación con similares audiencias y líneas editoriales afines al Partido Popular».

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También aseguran que «ambas administraciones reparten a dedo el presupuesto publicitario entre medios absolutamente minoritarios que, en ciertos casos, ni siquiera cuentan con presencia en redes sociales, redacción, trabajadores… Muchos de ellos tampoco ofrecen cifras de difusión de las campañas de publicidad, tal y como se puede corroborar en los documentos publicados por la Comunidad de Madrid en su portal de transparencia. Ante ello, es imposible verificar la difusión de los mismos y, por ende, comprobar si el presupuesto asociado se ajusta al número de visitas de estos medios».