– La Confederación Salud Mental España pide reformar la ley que los permite
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
La Confederación Salud Mental España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y Fundación ONCE mostraron este miércoles su rechazo a los ingresos involuntarios y a la administración no consentida de tratamientos que con frecuencia padecen las personas con discapacidad y, de forma especial, quienes presentan algún problema de salud mental.
Durante la apertura del congreso sobre ‘Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental’ celebrado este miércoles en Madrid, el presidente de la confederación, Nel González Zapico, denunció que estas prácticas «suponen una violación de los derechos humanos» y «son contrarias a la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con Discapacidad».
En su opinión, «debemos iniciar el camino para propiciar un cambio de mirada que dé como resultado la reforma del artículo 763 del Código de Enjuiciamiento Civil». Explicó que este texto «da cobertura legal» a los internamientos forzados (ordinarios y extraordinarios), justificando estos últimos por «la urgencia vital».
«Hoy empezamos un proceso de incidencia política para modificar este artículo y denunciar la violación de derechos humanos que supone», declaró González Zapico. Esta reforma legal «necesita un cambio de mentalidad previo», admitió, «pues actualmente existen muchas reticencias por parte de los profesionales del sector, los familiares y también los responsables políticos».
Además, González Zapico reclamó «aumentar la dotación presupuestaria para salud mental», pues gran parte del problema radica «en la falta de recursos». Puso el ejemplo de las personas que «son contenidas y retenidas a la fuerza en momentos de crisis en los hospitales».
«Si contásemos con psicólogos entrenados en la desescalada, con tiempo suficiente para atenderlos, muchas retenciones mecánicas, medicaciones forzosas e ingresos se podrían evitar», argumentó. A su juicio, «debería existir toda una serie de medidas previas para que estas situaciones de urgencia vital sean las mínimas», tales como la fijación de «voluntades anticipadas por parte de la persona, el apoyo entre pares o más medios en atención primaria».
EL PARAGUAS DEL «BUENISMO»
El presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que las personas con discapacidad psicosocial sufren de manera especial estas vulneraciones de derechos, propiciadas por el estigma, pero también quienes tienen discapacidad intelectual y otras discapacidades.
«Bajo el paraguas de cierto buenismo (se busca su protección), se están conculcando los derechos humanos», denunció. «Esperamos que en unos años esta aberración, esta vulneración de derechos que reconoce la ley española, haya desaparecido», demandó.
Según el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, «España ha hecho suya la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero en lo que es su desarrollo reglamentario aún queda mucho que hacer».
«Las personas con discapacidad siguen invisibilizadas, discriminadas y estigmatizadas», criticó, sobre todo aquellas con problemas de salud mental. «Tenemos derechos y debemos reclamarlos», y apeló a la adhesión de «la sociedad civil en su conjunto para superar esta vulnerabilidad». «Estoy seguro de que este día significará un antes y un después» para la continuidad de estas violaciones de derechos, afirmó.
En la inauguración participó también Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quien mostró su rechazo a estas prácticas. A su juicio, este es «un asunto que debe estar en la agenda política esta legislatura para seguir acomodando nuestra normativa a la Convención de la ONU».
«Siempre digo que los derechos humanos generan incomodidad», dijo, y se refirió a «las reticencias» a la modificación de la ley electoral para permitir el voto de 100.000 personas incapacitadas o la prohibición de las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad. «Todas ellas tienen su origen en el capacitismo», opinó, que sirve de «excusa para tutelar nuestras vidas».
Por ello, avanzó que «cuando haya Gobierno, llevaremos al Consejo de Ministras la primera Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, que implica proteger la igualdad y la libertad de todas las personas».
PROPUESTAS JURÍDICAS
Durante el encuentro, se presentó el Informe ‘Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental’, elaborado conjuntamente por la Confederación Salud Mental España y el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
La asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de Salud Mental España, Irene Muñoz; el catedrático de Filosofía del Derecho del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la UC3M, Rafael de Asís, y la catedrática de Filosofía del Derecho y directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, María del Carmen Barranco, detallaron sus resultados.
Según Muñoz, la legislación española actual, al permitir estos ingresos y tratamientos no consentidos, vulnera varios artículos de la Convención, como el que prohíbe los tratos degradantes y la tortura y aquellos que proclaman los derechos a la integridad física, a vivir en la comunidad, a la intimidad y a la libertad de circulación.
Barranco apuntó, además, que la Ley de Autonomía del Paciente ya impide la administración de medicaciones en contra de la voluntad de la persona.
El informe propone un protocolo de intervención encaminado a «reducir al máximo aquellas situaciones que puedan considerarse de urgencia vital», como «paso previo» a la eliminación de los ingresos forzados.
La primera propuesta es tener en cuenta si la persona puede prestar o no consentimiento. En caso afirmativo, no hay nada que pensar, indicó de Asís. Además, recoge una serie de buenas prácticas para poner en marcha en situaciones de crisis, a fin de minimizar el empleo de la fuerza.