MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, publicó una nueva edición del ‘Informe Olivenza 20220, un estudio que, con periodicidad anual, ofrece un panorama actualizado de la discapacidad en España.
En esta edición se abordan aspectos relacionados con las novedades normativas aprobadas en España en el ámbito de la discapacidad en el periodo que comprende el informe. Se incluye la normativa aprobada tanto a nivel estatal como autonómico, destacando un total de 254 normas, 34 estatales y 220 autonómicas, que regulan aspectos relevantes para las personas con discapacidad. Las comunidades autónomas que más legislación han generado en relación con la discapacidad han sido la Comunidad Foral de Navarra y Galicia, ambas con más de una veintena de normas.
Asimismo, analiza los avances que se han llevado a cabo desde mayo de 2019 para cumplir con las recomendaciones que hizo a España el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Al respecto, en el documento se señalan como preocupaciones principales, entre otras, la discriminación múltiple por motivos de discapacidad; la violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad, en concreto, la violencia de género; la institucionalización; la falta de accesibilidad; las carencias en educación inclusiva; las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad; la limitación de los servicios de salud y la falta de formación de los profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.
A pesar de este impulso normativo el estudio pone de relieve, conforme al sistema de indicadores del OED sobre inclusión de las personas con discapacidad en España, que de los 25 indicadores en los que es posible comparar los datos referidos a personas con discapacidad con los de la población sin discapacidad, en 20 de ellos las personas con discapacidad presentan una situación más desfavorable que la población general.
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blando, pone en valor este tipo de diagnósticos para conocer la realidad de las personas con discapacidad y sus familias y poder impulsar políticas certeras para mitigar la desigualdad.
El informe Olivenza 2022 incluye un capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad actuales, comenzando por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que incluye como novedades un enfoque interseccional y con perspectiva de género.
Se presentan también en este capítulo la Evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad en 2021; la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, cuyas líneas de trabajo y objetivos están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación y son el soporte esencial para mejorar la inclusión social, la calidad de vida y la protección de los derechos de las personas con TEA, y el gasto en políticas de discapacidad en España.
El apartado sobre políticas de discapacidad desarrolladas por la Administración General del Estado se cierra con un análisis de dos de los principales ejes de políticas para la inclusión de la población con discapacidad, en concreto empleo y derechos, destacando en este segundo eje el Plan Nacional de Accesibilidad, la Estrategia Integral de Cultura para Todos y el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP).
La segunda parte del capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad ofrece una visión panorámica de las políticas desarrolladas por las administraciones autonómicas, que revela que 11 de las 17 comunidades autónomas españolas han formulado documentos de política pública integral en materia de discapacidad.
Como en ediciones anteriores, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) ha colaborado en este informe aportando el análisis del mercado laboral y discapacidad en España, en el que se advierte sobre la precariedad patente de los grupos vulnerables en el ámbito laboral. Concretamente, las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales.
En respuesta a la vinculación extremeña del OED, que también promueve la Junta y la Universidad de Extremadura, el Informe Olivenza ofrece, como en ediciones anteriores, el análisis de la situación de la discapacidad en Extremadura y se muestran datos sobre el número de personas con discapacidad que residen en Extremadura, el tipo de discapacidad que presentan, si viven en zonas rurales o ciudades, si las personas con discapacidad viven solas o acompañadas, etc
Según los últimos datos del INE, en Extremadura residen 110. 589 personas con discapacidad de seis años y más de las cuales un 55,5% presentan mayoritariamente problemas de movilidad con un máximo grado reconocido de severidad y el 25,5% de la población con discapacidad extremeña vive sola. Además, un 57,8% de las personas con discapacidad viven en zonas rurales.
El informe completo está disponible en
‘https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/informe-olivenza-2022-sobre-la-situacion-de-la-discapacidad-en-espana/’.